Santo Domingo. – El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce este jueves la audiencia preliminar seguida contra los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, acusados por el colapso del techo del Jet Set Club, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 100 heridas.
La audiencia es presidida por el juez Raymundo Mejía, quien inició el conocimiento del caso pasadas las 9:00 de la mañana, en contra de los propietarios y administradores del establecimiento comercial.
Durante la jornada, el magistrado también tiene previsto conocer una solicitud de diligencias presentada por los imputados y por la razón social Inversiones E y N S.R.L., mediante la cual solicitan un contraperitaje para determinar las causas del colapso estructural ocurrido en el local.
La petición fue presentada a través de los abogados Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez. No obstante, dicha solicitud no suspende ni detiene el conocimiento de la audiencia preliminar.
La acusación fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la fiscal titular del Distrito Nacional Rosalba Ramos. En el proceso figuran como querellantes y víctimas un total de 346 personas.
En la audiencia, el Ministerio Público también está representado por el procurador de Corte Héctor García Acevedo y los fiscales Magaly Sánchez, Miguel José Collado García y Rosa Ysabel Mejía.
En la instancia, el órgano acusador sostiene que los hermanos Espaillat incurrieron en los delitos de homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias, tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
Los fiscales alegan que los imputados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la edificación. Asimismo, señalan que ignoraron advertencias internas sobre el deterioro de la infraestructura, priorizando el ahorro de recursos por encima de los riesgos evidentes para la seguridad de las personas.
