Lejos de ser un hecho aislado, la situación expone una enfermedad crónica del sistema de salud.
Durante años, el Seguro Nacional de Salud (SeNasa) ha sido presentado como uno de los pilares más sensibles del sistema de protección social dominicano. Sin embargo, el reciente escándalo que envuelve a la institución ha dejado al descubierto una realidad incómoda: una red de prácticas irregulares en la relación entre médicos, centros privados y el sistema público de aseguramiento, que combina evasión fiscal, sobrefacturación y uso indebido de recursos estatales.
Lejos de ser un hecho aislado, el caso SeNasa expone una enfermedad crónica del sistema de salud, donde la falta de controles efectivos ha permitido que determinados actores acumulen beneficios ilegítimos a expensas del Estado y, en última instancia, de los ciudadanos.
El mecanismo: cómo opera la distorsión
Las investigaciones y auditorías internas realizadas por las autoridades en torno a SeNasa han revelado patrones que se repiten:
Más sobre el caso SeNasa
Durante el fin de semana, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, con la cual inicia un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
En la operación ha sido arrestado Santiago Hazim, exdirector del SeNaSa y otras siete personas imputadas de defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos mientras varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador.
Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la operación que llevó al arresto también de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
